El 13 de marzo de 2023, entró en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que tiene su origen en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, también conocida Directiva Whistleblowing.
El objetivo perseguido por la presente normativa es proteger a las personas que, en un contexto laboral o profesional, detecten infracciones penales o administrativas, graves o muy graves, y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.
Esta norma impone la obligación de implantar un sistema interno de información (canal de denuncias).
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